La Justicia como equidad


Autor. Manuel Daza Ramos

J. Rawls parte de la idea de que la libertad va unida a la igualdad y no puede desligarse de ella. Los recursos y recompensas sociales no dependen del azar natural, la dominación o las contingencias y para garantizar la imparcialidad a la hora de dar contenido concreto a esa idea de justicia, es necesario articular un procedimiento en el que los legisladores desconozcan qué les puede resultar ventajoso particularmente. El resultado serían los principios más generales de justicia: el máximo de libertades fundamentales para todos, la estricta igualdad de oportunidades y la sola aceptación de las desigualdades que reviertan en beneficio de los menos favorecidos. Desde esta preocupación su filosofía puede denominarse como liberalismo igualitario.

Texto
“El liberalismo político responde que la concepción de la justicia debe ser una concepción política, tal como se definió en § 9.1. Dicha concepción, cuando es satisfecha, nos permite decir lo siguiente: el poder político es legítimo sólo cuando es ejercido de acuerdo con una constitución (escrita o no escrita), cuyas esencias pueden aceptar todos los ciudadanos, como ciudadanos razonables y racionales que son, a la luz de su común razón humana. Éste es el principio liberal de legitimidad.

Es un desideratum adicional el que todas las cuestiones legislativas que conciernen a esas esencias o lindan con ellas, o son altamente divisivas, también se resuelvan, en la medida de lo posible, siguiendo directrices y valores que puedan aceptarse de forma similar”.
J. Rawls, La justicia como equidad. Una reformulación.

Asamblea Nacional Francesa

El problema de la legitimidad podríamos formularlo así: ¿en qué condiciones puede considerarse plenamente adecuado o justificado el ejercicio del poder en una sociedad democrática? La respuesta de Rawls es que la teoría de la justicia como equidad es el marco para la idea liberal de legitimidad. Un poder es legítimo si existe una aceptación de su autoridad entre los miembros de la comunidad. Según el liberalismo, el poder político sólo está justificado (es justo) cuando se ejerce de acuerdo con una constitución que sea, en sus aspectos fundamentales, consensuada por todos los ciudadanos y que garantice la pluralidad y la libertad. Estos ciudadanos poseen “capacidades morales fundamentales”: la racionalidad, o capacidad de desarrollar y de intentar poner en práctica una concepción del bien y la razonabilidad, o capacidad de desarrollar un sentido de la justicia.

Una vez establecido el marco general (constitución consensuada), constituye además un rasgo deseable que exista un procedimiento igualmente consensuado (en valores, directrices y reglas) para dirimir los asuntos relacionados con las cuestiones básicas o colindantes con ellas, y también las que provoque una alta división en la sociedad. Pensemos en el tema del aborto, de la eutanasia, del matrimonio homosexual o de la reforma laboral. No se trata simplemente de que el partido que gobierne imponga sus ideas por estricta ley de mayoría, sino que han de existir técnicas y orientaciones aceptadas por todos para resolver estos asuntos. Así en nuestro país, en el marco del derecho, se crean instituciones como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

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